Guille Lomener
EditorEspaña es uno de los países mejor conectados de Europa. Tenemos fibra óptica en más del 90% del territorio, 5G extendiéndose a buen ritmo y satélites capaces de dar cobertura hasta en los rincones donde no llega ninguna otra red. Los móviles actuales de gama alta ya soportan Wi-Fi 7, las conexiones domésticas de un gigabyte son cada vez más comunes y, en general, quien puede pagarlo tiene acceso a una conectividad que hace diez años habría parecido ciencia ficción.
Y mientras todo eso ocurría, la ley llevaba años sin moverse. El Servicio Universal de Telecomunicaciones (una figura legal que existe desde 2005 y que obliga a garantizar conexión a cualquier ciudadano independientemente de dónde viva) seguía exigiendo como velocidad mínima los mismos 10 Mbps de siempre. Los mismos que se fijaron cuando el iPhone todavía no existía.
El Gobierno propone cambiarlo: 100 Mbps como nuevo mínimo garantizado, un descuento del 25% en la factura para hasta 800.000 hogares vulnerables y la obligación de que todas las operadoras lo ofrezcan. La norma entraría en vigor el 1 de enero de 2027 y convertiría a España en el primer país de Europa en fijar esa velocidad dentro del Servicio Universal.
Qué es el Servicio Universal de acceso a Internet
El Servicio Universal de Telecomunicaciones es la promesa del Estado de que ningún ciudadano se queda sin acceso a Internet ni a telefonía fija por culpa de dónde vive o de cuánto gana. Existe desde 2005, cuando la Unión Europea empujó a los países miembros a garantizar un acceso mínimo para todos. En España se ha venido ofreciendo a través de un operador designado por concurso público: ese es Movistar, que actualmente sigue siendo la única obligada a prestarlo hasta que caduque la normativa vigente el 31 de diciembre de 2026.
El problema es que ese mínimo se quedó congelado. Los 10 Mbps que marcaba la ley podían tener algún sentido en 2005, pero llevaban años siendo una cifra que no aguantaba ni una videollamada decente. Además, el servicio venía acompañado de un límite de 45 GB mensuales de datos.
Los 100 Megas garantizados: quién se beneficia y qué cambia en la práctica
El nuevo reglamento que propone el Gobierno no va dirigido a quien ya tiene fibra de un gigabyte en casa. Va dirigido a quien vive en una zona rural con cobertura limitada, a quien no puede permitirse una tarifa estándar de mercado o a quien simplemente no tenía opciones más allá de lo que le pusieran delante. Para ese perfil, pasar de 10 a 100 Mbps garantizados importa
Otro de los cambios más relevantes es que el servicio dejará de depender de un único operador. Hasta ahora, si querías acogerte al Servicio Universal, la única opción era Movistar. Con el nuevo decreto, todas las operadoras estarán obligadas a ofrecerlo dentro de su zona de cobertura, lo que significa que el usuario podrá elegir libremente con quién contratarlo.
En las zonas donde ningún operador tenga cobertura suficiente, el Gobierno licitará el servicio y financiará el coste entre todas las compañías con facturación superior a 100 millones de euros.
A eso se suma el descuento social: un mínimo del 25% sobre el precio habitual de la tarifa, obligatorio para todas las operadoras y aplicable tanto a la cuota mensual como a la cuota de alta. Los beneficiarios incluyen a personas con rentas bajas, receptores del Ingreso Mínimo Vital (lo que afecta a cerca de 800.000 hogares), microempresas, pymes y organizaciones sin ánimo de lucro.
Algunas operadoras ya ofrecían descuentos similares de forma voluntaria, pero a partir de 2027 será una obligación para todas, y tendrán que publicitarlo de manera visible.
Cuándo entra en vigor y qué queda por resolver
La fecha final es el 1 de enero de 2027. La normativa actual, que mantiene a Movistar como único proveedor obligado del Servicio Universal, caduca el 31 de diciembre de 2026, y el nuevo reglamento está diseñado para entrar en vigor justo al día siguiente, sin dejar hueco. Por ahora, el texto está en fase de audiencia pública (arrancó el pasado 22 de abril) y aún tiene que completar su tramitación como Real Decreto antes de ser aprobado definitivamente.
Lo que queda por ver es si el ritmo de aprobación acompaña al calendario previsto y si la implementación en zonas sin cobertura llega a tiempo. La infraestructura existe, la voluntad política está declarada y la fecha está marcada. Ahora toca que el papel se convierta en velocidad real en las casas que más lo necesitan.
Fuente | Ministerio de Transformación Digital
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